Editorial del 9 de febrero de 2010

“Antes no querían la ley y ahora no paran”. La frase sarcástica de Felipe González se refería a la actitud de los sectores más conservadores ante la ley del divorcio española. Recordemos que se aprobó el 22 de junio de 1981 y su patrocinador fue Fernández Ordóñez, que se las vió y se las deseo para hacer frente a la oposición radical de Alianza popular y la Conferencia Episcopal. La derecha española quería entonces que el matrimonio fuera, como durante los 40 años de franquismo, indisoluble.

Hoy hemos sabido que la infanta Elena es, desde hace unos días, una señora divorciada. O sea, del rey abajo, incluída su hija, cientos de miles de españoles han tenido la libertad de dar por concluído su matrimonio.

Es la noticia blanda del día en una jornada que estará siendo dura para el juez Garzón. Esta mañana la comisión permanente del Consejo General del Poder Judicial ha pedido al ministerio fiscal un informe por si procede suspender cautelarmente al juez, en el caso de que sea procesado por prevacaricación por investigar las desapariciones durante el franquismo.

Independientemete de las luces y las sombras de Garzón como juez, es “curioso” que sea precisamente su investigación sobre los crímenes del franquismo lo que pueda acabar con su carrera judicial. De todos los enemigos de los que ha ido sembrando su camino, resulta que los más peligrosos son los que quieren las fosas cerradas y la memoria congelada. Curioso.