Editorial del 18 de enero de 2012

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro ha dicho en Onda Cero que en la nueva ley de Transparencia del gobierno, ley que aún no ha empezado a debatirse ni mucho menos aprobarse, podría incluirse la responsabilidad penal de los gestores públicos que gasten más de lo que tienen presupuestado. Si un gobierno quiere gastar más, ha dicho Montoro, “que suban los impuestos y que luego en las elecciones los ciudadanos decidan si ha hecho o no lo correcto”. Seguramente está pensando en sí mismo dada la mayor subida del IRPF que ha conocido España y que lleva su firma.

Pero volviendo a la novedad de la responsabilidad penal, toda la oposición ha coincidido en que tal cosa no es posible. El PSOE dice que solo puede contemplarse cuando se produzca un delito, que lo otro es responsabilidad política, como siempre; el PNV que es muy fuerte y que una ley de Transparencia no puede dar para tanto, e Izquierda Unida que sólo es una cortina de humo porque si se aplicase también el criterio a bancos, y particulares estaríamos en el “todos a la cárcel de Berlanga”.

Este es el asunto informativo más ruidoso del día por lo taquillero que resulta para la población en general, por más que su aplicación parece entre dificilísima e imposible. Y si no, al tiempo.